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¿Cuándo se trata de un
delito federal?
Toda infracción a un estatuto aprobado por el Congreso
de los Estados Unidos constituye un delito federal. Toda infracción
a un estatuto u orden aprobada por la legislatura estatal
o por las autoridades locales constituye un delito estatal.
En términos generales, un delito federal implica actividad
penalizada o una preocupación a nivel principalmente
nacional. Por ejemplo, aquellos delitos que se llevan a cabo
tras cruzar bien los límites estatales o la frontera
internacional caen dentro de la jurisdicción federal.
Cabe señalar, entre otros, los delitos de narcotráfico,
actividades fraudulentas que afectan el comercio interestatal,
asalto a un banco, fraude efectuado por medios electrónicos,
fraude por correo, fraude de impuestos, cualquier delito que
constituya un intento de estafa al Gobierno, delitos en los
que quedan implicadas armas, delitos medioambientales, y violaciones
de los derechos civiles. En algunas ocasiones, un mismo delito
puede infringir la ley tanto estatal como federal. Es entonces
cuando se produce la colaboración entre la Fiscalía
Federal y las autoridades estatales y locales a fin de determinar
si el procesamiento se llevará a cabo en un tribunal
estatal o federal.
¿Es posible procesar a una persona
en un tribunal estatal y en uno federal por el mismo cargo?
Sí. En determinadas circunstancias, los delitos ocurridos
dentro de un mismo estado pueden ser a su vez procesados en
un tribunal federal. El gobierno estatal es el que otorga
la autoridad de procesar un delito a nivel estatal; por su
parte, el gobierno federal concede similar autoridad a la
Fiscalíral.
En caso de ser detenido, ¿qué
se debe hacer?
Ampárese inmediatamente en el derecho a contar con
abogado. Indique que no desea responder ninguna pregunta sino
mantenerse en silencio hasta disponer de la ayuda de un abogado.
No responda a pregunta alguna ni intente ofrecer su versión
de los hechos: todo lo que diga podría llegar a utilizarse
en su contra sin que le beneficiase en ningún sentido.
Un abogado siempre se encuentra en mejor situación
de negociación con la policía; lo que él
diga no puede utilizarse en contra de usted. Aún más
importante, las "promesas hechas por la policía",
sin valor aparente a primera vista, pueden verse transformadas
posteriormente en acuerdos a los que quede obligado el fiscal.
Un buen abogado puede llegar a conseguirle hasta la inmunidad.
¿Puede resultar desestimado el
caso por no haberme leído los derechos la policía?
No, no necesariamente. Todos estamos familiarizados con la
lectura de los derechos que tantas veces sale en las películas,
y es algo que ha causado confusión en la vida real.
Un policía no está obligado a leerle los derechos
a nadie a menos que tenga intención de conseguir una
declaración o una confesión por parte del sospechoso.
Si el oficial no desea dejar constancia de lo dicho por una
persona y utilizarlo en su contra, no tiene por qué
leerle los derechos.
Ahora bien, el oficial que hace preguntas más allá
de pedir nombre y dirección está obligado a
advertirle que no tiene por qué contestar, y que en
caso de hacerlo, todo lo que diga puede utilizarse en su contra.
Asimismo, obligación del policía en estos casos
es indicarle el derecho que tiene todo el mundo a contar con
abogado antes de responder. Aún así, sorprende
el número de personas que continúan respondiendo
a las preguntas en un intento vano por cooperar. Todo ello,
desgraciadamente, sólo servirá para ocasionarle
verdaderos dolores de cabeza a su abogado una vez se inicie
la defensa del caso.
¿Puede llevar a cabo un registro
la policía sin enseñar la orden para ello?
Sí. En numerosas circunstancias, el registro puede
llevarse a cabo legalmente sin que haya emitido orden un juez.
Por ejemplo:
* Cuando la seguridad del oficial está en juego
* Cuando la policía se encuentra sobre la pista de
un delincuente
* Cuando la actividad delictiva está ocurriendo a plena
vista.
* Cuando el interrogatiorio efectuado a una persona se hace
de manera pasajera.
* Cuando la persona consiente en ser registrada
* Cuando se ha producido una detención legal.
¿Qué es la acusación
formal?
La acusación formal es un escrito en el que se especifican
los nombres de las personas y los delitos imputados. Lo emite
un gran jurado tras determinar que las pruebas que les han
sido mostradas son suficientes como para que pueda iniciarse
el procesamiento de una persona por la comisión de
un delito. En causas federales de importancia, la quinta enmienda
a la Constitución de los Estados Unidos garantiza el
derecho de todo individuo a contar con una audiencia preliminar
mediante gran jurado; es decir, no se puede enjuiciar en un
tribunal federal a una persona sospechosa de haber cometido
un delito sin presentar antes un acta de acusación
formal. Ahora bien, el derecho constucional a la audiencia
preliminar es algo que, en realidad, se satisface en menos
de un cincuenta por ciento de los casos. ¿La mejor
solución? Cerciórese de que su abogado insista
en invocar la Quinta Enmienda.
¿Qué son las pautas federales
de imposición de condena?
En un tribunal federal, tras declararse culpable un acusado
o tras hallársele culpable de la comisión de
un delito, el juez impone condena de acuerdo a lo estipulado
en las Pautas Federales. Se trata de una serie de reglamentos
o normas a seguir por el juez que determinan la posible condena
y aparecen recopilados en lo que se llama el Manual de imposición
de condenas de Estados Unidos. Algunos de los factores que
rigen la imposición de condena son entre otros, tipo
de delito del que se responsabiliza al procesado, cantidad
de fondos implicados en una actividad delictiva de carácter
financiero, papel desempeñado por el procesado, y conducta
y antecedentes penales del procesado. El juez dictará
condena de acuerdo a lo estipulado en la gama aplicable (expresado
en número de meses) a menos que el caso en cuestión
caiga fuera de lo habitual o pueda acogerse a una de las pocas
excepciones que le permitan al juez salirse de los parámetros
preestablecidos. Las pautas que rigen la imposición
de condena suponen uno de los aspectos más complicados
dentro del sistema de procesamiento federal. Fundamental será
que el abogado que lo represente en una causa federal se encuentre
perfectamente familiarizado con ellas.
¿Puede garantizarme el resultado
del caso?
Ciertamente no. Sería un engaño decir lo contrario.
Como abogado, lo único que puede garantizarse es el
compromiso a la prestación de los mejores servicios
posibles al cliente desde nuestro bufete.
Y tras la imposición de condena,
¿hay alguna otra consecuencia?
Las hay, y en muchos casos, desastrosas. Por ejemplo, ciertos
delitos sexuales acarrean el tener que registrarse el delincuente
de por vida. Tratándose de inmigrantes, ser condenado
por ciertos delitos puede ocasionar la deportación,
la imposibilidad de naturalizarse o de conseguir la ciudadanía
y la exclusión del país de manera permanente.
De llevar a cabo un nuevo intento por cruzar la frontera,
la persona podría enfrentarse a más cargos federales.
En el caso de trabajadores profesionales, una condena puede
motivar la pérdida de la licencia y de la facultad
de ejercer en Estados Unidos.
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